Discapacidad: el Gobierno autorizó una suba del 2,1% para prestadores y crece el malestar en el sector
CIPOINFORMA
En medio de los reclamos de familias, profesionales e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, el Gobierno Nacional oficializó una actualización del 2,1% en los aranceles que perciben los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1297/2026 y comenzará a regir con los valores correspondientes al mes de junio.
La actualización alcanza a centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de rehabilitación, estimulación temprana, transporte, alimentación y otras prestaciones fundamentales para miles de personas con discapacidad en todo el país.
Sin embargo, desde el sector aseguran que el incremento resulta insuficiente frente al aumento de los costos operativos, salarios, alquileres, combustibles y servicios.
Reclamos que siguen sin respuesta
Las organizaciones vinculadas a la discapacidad vienen reclamando desde hace meses una recomposición más profunda de los aranceles y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Según sostienen, los aumentos otorgados por el Gobierno no logran acompañar la realidad económica y ponen en riesgo la continuidad de numerosas prestaciones.
"Muchos prestadores están trabajando al límite y algunos ya evalúan reducir servicios o dejar de atender determinadas coberturas", advirtieron referentes del sector en distintos puntos del país.
Cómo quedan algunos valores
Con la nueva actualización:
- Centro de día con jornada doble: $1.058.791,92
- Centro de día con jornada simple: $563.272,78
- Centro educativo terapéutico jornada doble: $1.189.351,59
Además, se mantiene un adicional del 20% para las prestaciones brindadas en la Patagonia, argumentando mayores costos logísticos y operativos.
También avanza el debate por las pensiones
Mientras continúan los reclamos por los aranceles, el Gobierno impulsa en el Senado un proyecto para modificar el régimen de pensiones por invalidez, con nuevos controles, reempadronamientos y cambios en los requisitos para acceder al beneficio.
La iniciativa genera preocupación entre organizaciones de discapacidad, que siguen reclamando mayor previsibilidad y recursos para garantizar la atención de miles de personas en todo el país.